La lucha contra el narcotráfico sigue siendo una materia pendiente en nuestro país. Pero esta situación tiene una particularidad: en casi 40 años de democracia, ninguna gestión pudo hacerle frente a la actividad delictiva que tuvo un exponencial crecimiento en las últimas cuatro décadas. El alfonsinismo, el menemismo, el kirchnerismo, el macrismo y el albertismo hicieron anuncios, organizaron operativos y mostraron cifras, pero jamás pudieron encontrar una solución al problema por una sola razón: todas fueron medidas improvisadas que tampoco fueron mantenidas con el tiempo, ni siquiera las buenas.

Los habitantes del NOA observan al ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández anunciando y utilizando a efectivos de Gendarmería Nacional en Rosario y en la provincia de Buenos Aires. Hace más de 10 años que los funcionarios recurren a esa táctica para frenar el baño de sangre en la ciudad santafesina y combatir la inseguridad en el conurbano. Son movimientos que sólo sirven para la foto. Las pruebas están a la vista: en la llamada “Chicago Argentina” el número de homicidios supera los 70 casos (tres veces más que en Tucumán que tiene 26) y en las tierras de Axel Kicillof casi todos los días se registra un homicidio en ocasión de robo. ¿Para qué insistir con esta estrategia? Nadie sabe, nadie contesta.

Estas improvisaciones afectan a los norteños. El movimiento de gendarmes y prefectos a Santa Fe y a Buenos Aires desnuda las fronteras, justamente los lugares que esas fuerzas deben controlar. Hay tres pasos fronterizos en el límite con Bolivia. Pero los clandestinos, según las autoridades, serían más de 50. Son pequeños caminos que utilizan contrabandistas y, por supuesto, narcos que aprovecharon la pandemia para encontrar nuevos puntos de ingresos al país. “El problema es que si pasa de ahí, es muy difícil detenerlos”, aseguró un investigador.

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Desde los límites hasta nuestra provincia, hay controles en diferentes puntos, pero salvo algunos, no son fijos. Tampoco cuentan con elementos tecnológicos para examinar los miles de vehículos y camiones que pasan por esos lugares. “Los narcos andan en Ferrari y nosotros en un Fiat 600”, resumió un gendarme al analizar la velocidad y las tareas de inteligencia que desarrollan las organizaciones con el afán de transportar cocaína. Un ejemplo: la ruta de los valles se está afianzando como lugar de paso de droga por una sola razón: las fuerzas de seguridad sólo la vigilan cada tanto. El puesto de Gendarmería en Colalao del Valle fue levantado hace años.

Por los cielos

Jorge Adalid “Fantasma” Granier Ruiz es un empresario boliviano que deambulaba por el país sin ningún tipo de problema, pero cayó en Brasil de la manera más infantil posible: no pudo superar un control de rutina al no tener licencia de conducir. Media justicia Federal está pidiendo su extradición, ya que está acusado de ser el principal transportista de cocaína por vía aérea desde su país de origen a diferentes provincias de nuestro territorio. Le decían “El Señor de los Cielos”, como al narco mexicano.

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“Fantasma” tenía una particularidad. Él arreglaba los vuelos narcos, pero nunca piloteaba una aeronave, sino que tenía hombres para hacerlo. Según las investigaciones, cargaba hasta 350 kilos de cocaína en Bolivia y luego los entregaba utilizando pistas clandestinas o a través de la modalidad de “bombardero”.

Salta fue su centro de operaciones, pero hay datos de que tenía importantes contactos en Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires. Ahora, según las investigaciones, estaba concretando alianzas con el temido Primer Comando Capital, la temida organización criminal brasileña que se está extendiendo en nuestro país.

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Granier Ruiz logró hacer un emporio gracias a que las autoridades argentinas hicieron poco y nada para la lucha contra los vuelos narcos. Operativo Fortín (2007), Operativo Escudo Norte (2011) y Operativo integración Norte (2018) fueron los nombres de los procedimientos lanzados para luchar contra los vuelos narcos. A través de convenios, la Fuerza Área y el Ejército colaboraron con Gendarmería Nacional con tareas de vigilancia. Pero los años pasaron y cada uno de esos planes se fueron cajoneando en Buenos Aires.

Hay una anécdota que pinta a la perfección el fracaso de estos planes. En Orán instalaron un radar para controlar a las avionetas que circulan por el cielo argentino. Pero por una cuestión de costo, no funcionaba las 24 horas. Cuentan los gendarmes que cualquier narco enviaba a uno de sus empleados para observar el aparato. Con una simple llamada telefónica, el “observador” avisaba que la ruta estaba liberada.

El infierno

Las cárceles deberían ser consideradas como el infierno mismo para sus ocupantes. Pero en nuestro país ya no deberían ser catalogadas como “escuela de delincuentes”, sino como centro de operaciones de actividades ilegales. Así lo demostraron el procurador interino de la Nación Eduardo Casal y el procurador de Narcotráfico Diego Iglesias al presentar en octubre de 2021 un informe donde daban cuenta de todos los ilícitos que cometen los líderes de organizaciones que se encontraban alojados en los penales federales.

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También recomendaron tomar una serie de medidas para acabar con este problema. Nadie los escuchó.

En marzo pasado, el país fue noticia porque la familia de Lionel Messi había sido amenazada por uno de esos grupos. Todos pensaron en el trabajo que hicieron los fiscales federales, pero hasta aquí nadie hizo nada. Clanes como el de Los Monos o Alvarado no sólo siguen manejando detrás las rejas las redes de narcomenudeo, sino que potencializaron los ingresos por ataques intimidatorios y dejaron en claro que desde sus celdas son capaces de decidir quién vive y quién muere en Rosario.

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Tucumán es la única provincia del NOA que no tiene una cárcel federal, pero sí aparece en el polémico informe. En la unidad de Güemes, Delfín Castedo, líder del clan que utiliza la figura del mamífero acuático en la droga que fue secuestrada en la provincia, no sólo concretó envíos, sino que intentó escaparse. Raúl “Coya” Rojas, en la misma cárcel, contrató a dos tucumanos para que asesinaran a los dos empleados que le habían robado una millonaria carga de marihuana.

Por último, un hombre alojado en esa unidad penitenciaria fue acusado de haber organizado un envío de 6,5 kilos de cocaína a estas tierras. Esa cantidad, después de haber sido estirada, representa al menos 55.000 dosis en la calle. Queda claro entonces por qué crece la actividad ilícita.